México tiene una red de estaciones migratorias que funcionan como una especie de “embudo” para detener el flujo de migrantes y en estos lugares se trata por igual a adultos y niños que son encerrados por semanas o hasta meses.
Organizaciones de derechos humanos, de migrantes, legisladores y especialistas denunciaron que estos grupos son encerrados por semanas o hasta meses en virtuales “cárceles”.
Información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes; y conforme al Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos.
“En su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos debe ser una prioridad”, indica el organismo internacional quien añade que es fundamental asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, les sean respetados sus derechos y les sea garantizada la reunificación familiar.
Un estudio de la organización “Sin Fronteras” destaca que ser migrante no es una justificación del gobierno mexicano para la privación de la libertad de niños, adolescentes y mujeres embarazadas, aunque se argumente que los fines de la detención son legítimos, dado que no en todos los casos es necesaria, como es el caso de las personas que buscan regularizar su estancia en el país mediante solicitudes de asilo, refugio o protección.
Elba Coria Márquez, investigadora de la organización “Dignidad Sin Excepción” señala que el INM debe considerar alternativas a la detención como la canalización directa a albergues de niñas y adolescentes no acompañadas, víctimas del delito, como la trata y el secuestro, así como de otras personas en situaciones especiales, como las mujeres embarazadas o que padezcan una enfermedad que requiera atención especializada.
Sin Fronteras, en los monitoreos que ha realizado de las estaciones migratorias del INM, ha alertado que en estos centros de detención no se cuentan con recursos materiales y humanos para brindar servicios médicos de forma oportuna y eficaz, además de que ha alertado sobre el daño a la salud mental que provoca en las niñas y adolescentes la privación de la libertad, además del riesgo de que sean agredidas física, verbal y sexualmente.
Fray Tomas, director del Albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, señaló que existen diversas evidencias del maltrato a niños y adolescentes en las estaciones del INM y que incluso hay evidencias de los nexos de algunos funcionarios del instituto con bandas del crimen organizado y de la forma que policías federales realizado allanamientos a albergues de migrantes para menores.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Amalia García Medina, expuso que ser migrante no significa la pérdida de derechos, mucho menos de la libertad, por lo que garantizó que desde el Legislativo revisarán la Ley de Migración para proponer una reforma que evite que la población migrante sea criminalizada.
De acuerdo con Unicef en los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han recrudecido. El desvío de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la contratación más frecuente de traficantes de personas, pone en peligro la vida de los migrantes indocumentados, especialmente la de los niños y las niñas.
“Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir accidentes como asfixia, deshidratación, heridas; ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas”.
“Los niños siempre han emigrado, siempre han estado allí, y siempre han sido los más vulnerables” explica Carolina Rivera académica mexicana del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), de México.
Los niños centroamericanos carecen de opciones después de ser detenidos en México por autoridades de migración, en algunos casos son deportados, en otros sufren violaciones a sus derechos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración en México, 3mil 391 niños guatemaltecos, hondureños y salvadoreños fueron deportados entre enero y julio de este año. 50 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De ese total, 2 801 viajaban solos, poniendo en evidencia el grado de vulnerabilidad al que están expuestos.
Muchos de estos niños son abandonados a su suerte por “coyotes”, quienes en muchos casos forman parte de redes de tráfico de personas comenta el coordinador del Programa Migraciones de la Dirección Nacional de Investigaciones, Jaime Rivas.
La organización humanitaria Coalición Internacional contra la Detención (con sus siglas en ingles IDC) destaca en su estudio “Niñez Capturada” que el sólo hecho de estar tras unas rejas, a los niños y niñas les produce un impacto negativo profundo independientemente de las condiciones en que se encuentren; sufren de ansiedad y depresión, así como insomnio y otros síntomas.
Asimismo recomienda al gobierno mexicano cambiar sus actuales políticas de detención de menores migrantes y no detenerlos en centros que asemejan cárceles y reseña que a pesar de que el Congreso de México aprobó en abril del 2011 una reforma que garantiza los derechos humanos de los extranjeros en tránsito por su territorio, aún no ha sido reglamentada, dejando en condiciones de vulnerabilidad a los niños y adolescentes migrantes.
Un caso documentado por varias organizaciones no gubernamentales expone el del menor colombiano, José, de sólo 16 años, quien pasó dos meses en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Su delito: ingresar a México y pedir informes a autoridades de cómo solicitar asilo.
Junto con su familia recorrió todo Centroamérica e ingresó por Chiapas a México, en una balsa por el Suchiate, acompañado de su padre y su hermana de14 años. Venían huyendo de grupos de la delincuencia que asolaban su pueblo en la costa colombiana. En lugar de informes y apoyo, los funcionarios del INM los detuvieron y encerraron separados y los incomunicaron.
“Este es sólo un caso más de los más de 6 mil menores que detiene cada año el Instituto Nacional de Migración y que mantienen en calidad de detenidos, como delincuentes, en centros que son auténticas cárceles, en lugar de llevarlos a albergues del DIF o de buscar su interés superior, su protección. Al final todos son deportados”, concluye señala el informe de la Coalición Internacional contra la Detención.
